El fiscal Dante Vega solicitó al Tribunal de la Megacausa que incluya entre los delitos imputados a los ex militares y policías las violaciones y abusos sufridas por las víctimas del terrorismo de Estado. En la misma causa se juzga el accionar de los ex jueces Otilio Romano, Luis Miret, Max Petra y Rolando Carrizo por denegación de justicia y complicidad.
En el marco del juicio por la megacausa de Mendoza, en el que se busca determinar las responsabilidades de 25 policías y 11 militares durante la dictadura cívico-militar, el fiscal titular de la Oficina Fiscal de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos de la provincia, Dante vega, amplió ante el Tribunal Oral N°1 de esa ciudad la acusación al incluir diversos actos de violencia sexual denunciados en el debate presuntamente cometidos por 12 de los imputados.
En la otra mecagausa que se lleva adelante en Mendoza -se juzga en San Rafael a 26 ex policías y militares- se incluyó como delitos de lesa humanidad las violaciones cometidas contra presas y presos políticos en los centros clandestinos de detención.
En ese sentido, uno de los dictámenes que abrió camino fue el del porteño Federico Delgado, quien en el marco de un extenso escrito pidió -en 2014- la indagatoria de siete jerarcas militares y de otros cinco militares y miembros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por los delitos de violación y abuso deshonesto cometidos contra catorce mujeres en el centro clandestino de detención El Vesubio entre 1976 y 1978.
Vega también solicitó que se considere el delito de privación abusiva de la libertad con relación a algunos de los casos secuestros que, por haber sido llevados a cabo en el marco de procesos penales tramitados al amparo de las denominadas leyes “contra-subversivas”, no habían sido calificados bajo ese tipo penal.
Según apunta el sitio fiscales.gov.ar, "el MPF incorporó a la acusación una diversidad de hechos vinculados a violación sexual o enmarcables en la figura del abuso deshonesto –tal como se encontraba tipificado al momento de los hechos-. La Fiscalía dio cuenta de algunos de los testimonios más ilustrativos sobre los abusos sufridos por las víctimas del terrorismo de Estado".
Además de analizar el rol que tuvieron los 40 represores, el fiscal amplió la acusación a los ex jueces federales acusados en este juicio: Otilio Romano, Luis Miret, Rolando Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren. Los ex magistrados fueron imputados de ser partícipes primarios en los diversos ilícitos cometidos por las fuerzas armadas y de seguridad, incluidos los enmarcados en la violencia sexual, durante la dictadura cívico-militar.
“Quienes eran responsables de los centros clandestinos, deben ser acusados como autores mediatos de delitos sexuales, al igual que en el resto de los delitos que se produjeron con su conocimiento y a veces bajo sus órdenes”, dijo a Infojus Noticias Viviana Beigel, abogada querellante por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH). El organismo, impulsó el pedido que luego fue presentado por el fiscal Dante Vega. “En caso de que hubieran pruebas concretas sobre los autores materiales de los abusos, se los imputará por eso”, completó Beigel.
Delitos calificados
Además, la presentación de la fiscalía pide cambio de calificación para otros delitos: que los robos simples sean tomados como robos calificados por uso de armas de fuego, y las desapariciones forzadas como homicidios agravados.
Los testigos que pasaron por las 80 jornadas que ya lleva acumuladas el juicio, fueron develando con sus relatos parciales que las violaciones y abusos sexuales fueron delitos que tuvieron, dentro de las cárceles secretas de la dictadura, una entidad propia. “Contaron, por ejemplo, que algunos secuestrados fueron trasladados a los lugares en los que luego fueron abusados”, contó Beigel.
El planteo no es novedoso. En abril de 2010, el tribunal de Santa Fe que condenó a once años de prisión a Horacio Américo Barcos, ex agente civil de Inteligencia, dictó el primer fallo en el país que estableció la violación como delito de lesa humanidad. En noviembre de 2012 tomó un cariz institucional: un documento de la procuradora Alejandra Gils Carbó ordenó perseguir a los autores de delitos de violencia sexual durante el terrorismo de Estado.
Sin embargo, a pesar de que el pedido se viene repitiendo en la mayoría de los juicios orales por crímenes del Terrorismo de Estado a lo largo y a lo ancho del país, no siempre obtuvo el mismo resultado. La semana pasada, el Tribunal Oral Federal 5 de capital federal, que instruye el tercer juicio oral por los crímenes de la Esma, rechazó imputar a 39 represores por delitos sexuales. Seis mujeres habían testificado haber sido violadas en el centro clandestino que montó la Marina en el edificio de Avenida del Libertador.
También lo pidió la fiscalía en los juicios contra la Marina en Bahía Blanca, en el juicio de Mansión Seré y la jueza federal de instrucción de Santa Rosa, Iara Silvestre, hizo lo propio contra Luis Baraldini -el hombre fuerte de la dictadura en La Pampa- y otros cinco acusados más. En Santa Fé, a fines de 2012, se juzgó a siete hombres de la 3ª Brigada Aérea de Reconquista por crímenes de lesa humanidad, y a cuatro de ellos -Danilo Sambuelli, Rubén Molina, Arnaldo Neumann y Horacio Machuca- por violaciones sexuales reiteradas.
Fuente: Infojus/Fiscales.gov.ar/Archivo Explícito
